IU e ICV presentaron una proposición de ley que plantea el recononocimiento del derecho subjetivo y "judicialmente exigible" de todos los ciudadanos a una vivienda por la que no tenga que desembolsar más de un 35% de sus ingresos, así como la limitación al "sobreendeudamiento" de las hipotecas y a los embargos que se producen por la dificultades para afrontar su pago.
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